El 2018 fue el año de la reactivación de los grandes proyectos mineros, detenidos por la caída de los precios de los metales en años previos. Prueba de ello: a enero-octubre la inversión en minería registró US$3.697 millones, 26,8% más que en igual período del 2017.
Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indica que el balance del 2018 es que hay un punto de inflexión en materia de nuevas inversiones, básicamente, el inicio de construcción de Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.
La reactivación de Quellaveco ha sido, a todas luces, la gran noticia del 2018. Y algo similar se puede decir de la compra de Michiquillay por Southern Copper, iniciativa que vuelve a poner en valor los proyectos mineros de Cajamarca, detenidos por el efecto Conga.
También, el 2018 destacó por una menor efervescencia socio ambiental, circunstancia que ha permitido relanzar las inversiones antes señaladas.
En contrapartida, la minería se vio impactada este año por la moderación del crecimiento global y la confrontación comercial entre EE.UU. y China, que ha afectado nuestras exportaciones mineras. Pero eso no ha sido lo más complicado que le ha ocurrido a la minería este año.
EL EIA DE TÍA MARÍA
Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), apunta que la nota negativa del 2018 la dio el diferimiento de los permisos para el inicio de construcción de Tía María.
Lo grave del caso, señala Carlos Gálvez, presidente de Perumin 2019, es que si esta situación persiste en el 2019, el EIA de Tía María vencerá y habría que elaborar uno nuevo.
Si ello sucede, estaríamos frenados en cuanto a construcción de grandes proyectos, porque el más completo y de más rápida maduración -pues tiene todos sus permisos en orden- es Tía María.
Eso nos conduce a otro sinsabor del 2018: la caída de la inversión en exploración minera, que conlleva la carencia de nuevos proyectos.
La inversión en exploración se viene reduciendo. En el 2017 llegó a casi US$500 millones, pero este año no pasará de US$400 millones. Esta no solo es una situación preocupante, sino vergonzosa, habida cuenta del enorme potencial geológico que el Perú tiene.
¿Qué tan graves son los conflictos sociales para la minería?
Únicamente 5 de 26 proyectos mineros que hace siete años se encontraban en etapa de exploración y contaban con estudios ambientales están operativos. La gran mayoría de ellos ha sido retrasada y corre el riesgo de no prosperar, a pesar de que pueden generar inversión por US$42.900 millones.
La oposición de la comunidad y de los grupos de interés ha sido el principal detonante para la paralización de los proyectos, pero no el único. Otros factores también han sido claves.
Según el último Reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva (BCR), la autoridad monetaria realizó una encuesta a las empresas mineras, proveedores y consultores especializados en el sector, y recogió que los conflictos sociales solo representan el 21% de las causas de los retrasos de los proyectos mineros.
Otros problemas como la viabilidad técnica de los proyectos con una participación del 20%, las dificultades de financiamiento (19%) y los trámites (18%) confabularon también para los retrasos. En tanto que obstáculos como precios del metal por debajo de lo esperado, costos por encima de los previstos y asuntos ambientales han tenido una participación menor.
RIESGOS POTENCIALES
Además de los problemas que afectan el desarrollo de los proyectos mineros, el sector ha identificado riesgos y trabas que podrían hacer que los proyectos tomen más tiempo en desarrollarse.
El 73% de los entrevistados afirmó que ha aumentado el riesgo asociado al entorno político y el 71% sostuvo que han aumentado los riesgos sobre los proyectos por la guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios.
Por su parte, el 49% comentó que el riesgo por exceso de trámites y permisos también aumentó, pero una proporción similar cree que se ha mantenido.
Según la autoridad monetaria, el sondeo revela que la percepción general es que el avance de los proyectos mineros y el amortiguamiento de los riesgos que enfrenta el sector requieren de mayores esfuerzos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), el sector privado y las diferentes entidades gubernamentales vinculadas.
El banco cita como ejemplo de aspectos positivos la creación de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera en el Ministerio de Energía y Minas y los avances de la Mesa Ejecutiva del Sector Minero Energético para el Desarrollo Productivo del País.
Esta última constituye un espacio en el cual las entidades del sector público y los representantes de los gremios vinculados a la minería identifican barreras y obstáculos, oportunidades de mejora, y propuestas de solución.
